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El fiscal pide cinco años de prisión para el alcalde de El Bosque por delito ecológico

2 Junio 2010 One Comment

DIARIO DE CÁDIZ
27.05.2010

Enlace prensa: El fiscal pide cinco años de prisión para el alcalde de El Bosque por delito ecológico

La Fiscalía solicita cinco años de prisión por delito ecológico para el alcalde de El Bosque, Antonio Ramírez, a quien responsabiliza de la contaminación causada en 2002 en el arroyo Valsequillo por escapes de lixiviados del clausurado vertedero de El Berruco. Ramírez presidía entonces el Consorcio Bahía de Cádiz, gestor del vertedero. Según el fiscal, ni el Consorcio ni la empresa propietaria de los terrenos en los que se hallaba el depósito de residuos realizaron los trabajos preventivos que les indicó la Junta de Andalucía y por eso se produjo el derrame contaminante.

Junto a Antonio Ramírez ocuparán el banquillo Agustín Aguado Hinojal, director técnico del Consorcio Bahía de Cádiz en 2002, y Juan José Leal Vela, representante legal de la empresa Movimientos de Tierra Hermanos Leal S.L., propietaria desde 1993 de la finca en la que se hallaba el vertedero. El fiscal también solicita para ellos penas de cinco años de prisión por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente (delito ecológico).

El fiscal afirma en su escrito de acusación provisional que el vertido al Valsequillo tuvo carácter tóxico y efectos ambientales perjudiciales: que anuló usos potenciales del suelo, deterioró el paisaje, disminuyó la calidad de las aguas de escorrentía, redujo la fauna y la flora bentónica, puso en peligro la salud pública y, en menor medida, contaminó las aguas subterráneas. “La circunstancia de que al momento de los hechos el cauce del arroyo Valsequillo no llevara agua de lluvia evitó consecuencias aún más dañinas para los sistemas naturales”, anota el fiscal en su escrito.

El vertedero del El Berrueco fue clausurado el 12 de junio de 1991. A partir de entonces había que sellarlo. Las obras de sellado concluyeron en marzo de 1992. Pero más adelante hubo diversos episodios de vertidos de lixiviados procedentes del vertedero que dieron lugar a distintos procedimientos judiciales. Todos fueron archivados salvo uno que en 1997 deparó una condena de la Audiencia Provincial de Cádiz por delito ecológico.

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